Por: Laura Arroyo
El martes, ASPEC interpuso cuatro denuncias contra cuatro editoriales de renombre. Corefo, Bruño, Santillana y Hilder tienen sus cuentas embargadas por afectar los intereses económicos de los consumidores pues estarían involucradas en comisiones ilegales para que colegios las recomienden e incluso obliguen a la adquisición de estos libros. Ya era hora de que se evidencie este abuso y que se sancione a las empresas que lo practican, pero ¿acaso es el único abuso disfrazado en el rubro de la educación?
El caso de los libros resulta elocuente y evidencia que los estudiantes no reciben los mejores libros, ni la mejor oferta editorial, sino, simplemente, la propuesta de la empresa que paga más. Se trata, a fin de cuentas, de una licitación informal que afecta a los padres y, evidentemente, a los niños. Pero, nuevamente, ¿es el único negocio en torno a la educación? No. Me permito contarles una anécdota que conozco de primera mano.
Llamemos “Adrián” a un niño de 5 años que estudia en el aula naranja en una escuela pública. En esta escuela han decidido solicitar que los alumnos usen un buzo con el logo del colegio como uniforme. Éste debe ser comprado en la institución educativa y cuesta 70 nuevos soles. Pese a que ninguna norma obliga a los padres de Adrián a comprar el buzo, ni a Adrián a usarlo, no faltan algunas maestras e, incluso (y a veces, sobre todo) la directora que obligan a los padres a comprar el bendito buzo. En el aula, la maestra resalta que es el único, o uno de los pocos, que no tiene el buzo. Sus pares, terminan por decirle lo mismo todos los días. De más está decir que Adrián se siente señalado constantemente y, a ello se añade que, pese a ser uno de los mejores alumnos, no se le permite ser el líder del desfile ni quien ocupe roles protagónicos en las actuaciones por orden de la dirección. ¿Cuál creen que es la razón?
Los libros escolares son sólo un tipo de abuso disfrazado de negocio y vendido como necesidad, que se tejen en torno al campo educativo. Los uniformes, como en el caso de Adrián, son otro gran negociado. Las listas de útiles, por otro lado, se encuentran colmadas no por elementos a utilizar, sino por marcas recomendadas, y los estudiantes terminan por vivir experiencias nada agradables si hacen caso omiso a estas “recomendaciones”. Se perjudican los padres, pero siempre los más afectados son los alumnos. La calidad educativa se deja de lado cuando se prioriza un lapicero pilot a un Faber Castell o un cuaderno Stanford a un Loro.
En muchas escuelas, además, existe una mínima, sino nula, transparencia respecto a lo que se hace con el dinero, por ejemplo, de los uniformes. Los padres saben que con él se promete cumplir con tal o cual cambio en la infraestructura, o implementación de algún tipo, sin embargo, muchas veces dicho anuncio queda en letra muerta. Esta falta de transparencia en los recursos de los centros educativos, permite el fortalecimiento de estancias participativas ya que los padres de familia reclaman al no saber qué pasa con su dinero. En muchos casos, las APAFAS se fortalecen pero en lugar de cumplir con un rol fiscalizador y de opinión en la escuela, se convierten en un verdugo que está ejerciendo de contraloría u oposición en el centro educativo y dejan de lado el tema económico, para pasar a oponerse, no siempre justificadamente, al diseño curricular, al rol de los maestros, al sistema pedagógico, etc., aún cuando muchos de ellos no se encuentran capacitados para realizar dichas apreciaciones.
Finalmente, no existe norma alguna que mencione que un alumno que no cuente con uniforme o que no haya pagado un libro o, incluso, que no haya comprado en su totalidad la lista de útiles solicitada, no pueda entrar al colegio. Si ello ocurriera, como han dicho varios expertos durante estos días, los padres podrían presentar su caso a Indecopi. Me pregunto sin embargo, ¿y esa denuncia es atendida inmediatamente? No. Toma algunos días. Por otro lado, ¿quién convence al niño de que no está en falta por no tener un uniforme cuando la mayoría de sus pares lo tienen, cuando le limitan algunas participaciones por eso, cuando no lo dejan entrar un día a su escuela?
El asunto es, como siempre, un poco más complejo, porque el abuso viene tanto de las empresas que buscan posicionar sus marcas, pero también de aquellos maestros, directores y cualquier miembro del personal de la institución que discriminan entre los alumnos por no aceptar los abusos que ellos imponen sin derecho.
El martes, ASPEC interpuso cuatro denuncias contra cuatro editoriales de renombre. Corefo, Bruño, Santillana y Hilder tienen sus cuentas embargadas por afectar los intereses económicos de los consumidores pues estarían involucradas en comisiones ilegales para que colegios las recomienden e incluso obliguen a la adquisición de estos libros. Ya era hora de que se evidencie este abuso y que se sancione a las empresas que lo practican, pero ¿acaso es el único abuso disfrazado en el rubro de la educación?
El caso de los libros resulta elocuente y evidencia que los estudiantes no reciben los mejores libros, ni la mejor oferta editorial, sino, simplemente, la propuesta de la empresa que paga más. Se trata, a fin de cuentas, de una licitación informal que afecta a los padres y, evidentemente, a los niños. Pero, nuevamente, ¿es el único negocio en torno a la educación? No. Me permito contarles una anécdota que conozco de primera mano.
Llamemos “Adrián” a un niño de 5 años que estudia en el aula naranja en una escuela pública. En esta escuela han decidido solicitar que los alumnos usen un buzo con el logo del colegio como uniforme. Éste debe ser comprado en la institución educativa y cuesta 70 nuevos soles. Pese a que ninguna norma obliga a los padres de Adrián a comprar el buzo, ni a Adrián a usarlo, no faltan algunas maestras e, incluso (y a veces, sobre todo) la directora que obligan a los padres a comprar el bendito buzo. En el aula, la maestra resalta que es el único, o uno de los pocos, que no tiene el buzo. Sus pares, terminan por decirle lo mismo todos los días. De más está decir que Adrián se siente señalado constantemente y, a ello se añade que, pese a ser uno de los mejores alumnos, no se le permite ser el líder del desfile ni quien ocupe roles protagónicos en las actuaciones por orden de la dirección. ¿Cuál creen que es la razón?
Los libros escolares son sólo un tipo de abuso disfrazado de negocio y vendido como necesidad, que se tejen en torno al campo educativo. Los uniformes, como en el caso de Adrián, son otro gran negociado. Las listas de útiles, por otro lado, se encuentran colmadas no por elementos a utilizar, sino por marcas recomendadas, y los estudiantes terminan por vivir experiencias nada agradables si hacen caso omiso a estas “recomendaciones”. Se perjudican los padres, pero siempre los más afectados son los alumnos. La calidad educativa se deja de lado cuando se prioriza un lapicero pilot a un Faber Castell o un cuaderno Stanford a un Loro.
En muchas escuelas, además, existe una mínima, sino nula, transparencia respecto a lo que se hace con el dinero, por ejemplo, de los uniformes. Los padres saben que con él se promete cumplir con tal o cual cambio en la infraestructura, o implementación de algún tipo, sin embargo, muchas veces dicho anuncio queda en letra muerta. Esta falta de transparencia en los recursos de los centros educativos, permite el fortalecimiento de estancias participativas ya que los padres de familia reclaman al no saber qué pasa con su dinero. En muchos casos, las APAFAS se fortalecen pero en lugar de cumplir con un rol fiscalizador y de opinión en la escuela, se convierten en un verdugo que está ejerciendo de contraloría u oposición en el centro educativo y dejan de lado el tema económico, para pasar a oponerse, no siempre justificadamente, al diseño curricular, al rol de los maestros, al sistema pedagógico, etc., aún cuando muchos de ellos no se encuentran capacitados para realizar dichas apreciaciones.
Finalmente, no existe norma alguna que mencione que un alumno que no cuente con uniforme o que no haya pagado un libro o, incluso, que no haya comprado en su totalidad la lista de útiles solicitada, no pueda entrar al colegio. Si ello ocurriera, como han dicho varios expertos durante estos días, los padres podrían presentar su caso a Indecopi. Me pregunto sin embargo, ¿y esa denuncia es atendida inmediatamente? No. Toma algunos días. Por otro lado, ¿quién convence al niño de que no está en falta por no tener un uniforme cuando la mayoría de sus pares lo tienen, cuando le limitan algunas participaciones por eso, cuando no lo dejan entrar un día a su escuela?
El asunto es, como siempre, un poco más complejo, porque el abuso viene tanto de las empresas que buscan posicionar sus marcas, pero también de aquellos maestros, directores y cualquier miembro del personal de la institución que discriminan entre los alumnos por no aceptar los abusos que ellos imponen sin derecho.
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